En Colombia, la custodia de un hijo implica mucho más que convivir con él; también conlleva responsabilidades legales que deben cumplirse rigurosamente. Uno de los puntos más importantes en el derecho de familia colombiano es el deber del padre custodio de garantizar el derecho de visitas del otro progenitor, tal como lo establece la Corte Suprema de Justicia.
¿Qué significa ser padre custodio?
El padre o madre custodio es aquel que, tras una separación o divorcio, queda legalmente a cargo de la crianza del menor, es decir, quien convive con él y toma las decisiones del día a día. Sin embargo, esto no significa que tenga control absoluto sobre el niño, ya que el otro progenitor conserva derechos que deben ser respetados, en especial el derecho de visitas.
Derecho de visitas: un derecho del niño, no del padre
Según la Sala de Casación Civil, el régimen de visitas no es solo un derecho del padre no custodio, sino principalmente un derecho del menor a mantener una relación con ambos progenitores. Por lo tanto, el padre custodio tiene la obligación legal de facilitar este contacto, salvo que existan razones legales y probadas para restringirlo.
Implicaciones legales de no permitir las visitas
Negar o dificultar el régimen de visitas puede tener consecuencias legales. Las autoridades pueden imponer sanciones e incluso modificar la custodia si se demuestra que uno de los padres está afectando negativamente la relación del niño con el otro. Este principio busca proteger el interés superior del menor, que prima sobre los conflictos personales entre los padres.
Responsabilidad compartida en la crianza
Aunque la custodia se asigne a uno de los padres, ambos siguen siendo responsables del bienestar del menor. Esto incluye aspectos económicos, educativos, emocionales y sociales. Es fundamental que, aun separados, los padres colaboren en la crianza para asegurar un entorno saludable para el niño.
¿Qué hacer si no se cumple el régimen de visitas?
Si uno de los progenitores incumple el régimen de visitas, el otro puede acudir a un juzgado de familia para solicitar su restablecimiento. La Corte ha reiterado que no se trata solo de un acuerdo entre adultos, sino de un derecho fundamental del niño que debe garantizarse activamente.
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